Deuda pública
La deuda con organismos públicos tiene un tratamiento más restrictivo que la deuda privada dentro de la Ley de Segunda Oportunidad. En esta guía explicamos la regla general, la excepción legal que existe para AEAT y Seguridad Social —con límite de 10.000 € por bloque— y qué implica en la estrategia de cada caso en Girona.
La valoración depende de la composición exacta de la deuda y de la documentación disponible. No se pueden garantizar resultados.
Solicitar valoración gratuitaInformación orientativa basada en la regulación concursal vigente. Cada caso requiere revisión individual.
La Ley Concursal establece que los créditos de derecho público no quedan exonerados en los mismos términos que la deuda privada ordinaria. Por eso el primer paso en cualquier caso con pasivo público es separar con claridad qué parte corresponde a Hacienda, a Seguridad Social o a otros organismos, y qué parte es deuda financiera o comercial privada. El tratamiento puede ser muy distinto para cada bloque.
La Ley Concursal prevé una excepción acotada para deudas cuya gestión recaudatoria corresponda a la AEAT y para créditos de Seguridad Social. En la primera exoneración pueden exonerarse hasta 10.000 € por cada bloque: los primeros 5.000 € de forma íntegra, y el 50 % del tramo siguiente hasta ese máximo. El exceso —es decir, la parte que supere los 10.000 €— no queda cubierta por esta excepción y sigue siendo exigible.
Cuando existe pasivo público, la estrategia no puede diseñarse igual que en un caso compuesto solo por deuda privada. Conviene valorar cuánto importe podría quedar fuera de la exoneración, qué efecto tendría eso en la situación económica tras el procedimiento, y si hay avales, embargos o reclamaciones activas que también deban considerarse. La viabilidad real del caso depende de todos estos factores combinados.
La documentación que más ayuda en estos casos incluye certificados actualizados de deuda con AEAT y Seguridad Social, una relación de acreedores privados con importes, extractos bancarios, justificación de ingresos y cualquier embargo o diligencia en curso. No es imprescindible tenerlo todo desde el primer momento, pero cuanto más completa esté la información, más realista será la revisión inicial.
La situación más habitual es un pasivo mixto: parte con acreedores públicos y parte con entidades financieras, proveedores o préstamos personales. En estos casos, la deuda privada puede quedar exonerada en mayor medida que la pública, por lo que la proporción de cada bloque es determinante para valorar la viabilidad real.
También conviene revisar si existen avales, garantías, embargos activos o retenciones sobre nómina o cuenta bancaria, ya que todos esos factores influyen en el enfoque del procedimiento.
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